Editorial: Sin ayuda a los que ayudan

Cuando el inicio de las restricciones por el nuevo coronavirus cumplía exactamente un año, el gobierno de España publicó el Real Decreto-ley 5/2021 donde se recogían las medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la covid-19. Fue entonces cuando supimos que los fabricantes de calzado, como los curtidores de pieles y otros sectores de la industria aneja, habían quedado excluidos de estas ayudas directas a autónomos y empresas, valoradas en 11.000 millones de euros.

Según manifiesta el texto del BOE, publicado con fecha de 12 de marzo, este paquete de medidas tiene como objetivo «proteger el tejido productivo y evitar un impacto estructural sobre la economía» y, en especial, «preservar la liquidez y la solvencia de empresas y autónomos» cuyos ingresos han sufrido «una reducción significativa por la epidemia de la covid-19». A tenor de esta descripción, las empresas fabricantes de calzado encajan exactamente como beneficiarias prototípicas de estos fondos, habida cuenta de que, a causa de la pandemia, su producción de zapatos se desplomó en 2020 por encima del 30 por ciento, el valor de sus exportaciones disminuyó cerca de un 16 por ciento, vieron esfumarse 19.300 empleos y sus ventas domésticas se redujeron en torno a un 40 por ciento. A todas luces, el sector de la fabricación del calzado, como el de la producción de cueros y de componentes, es una industria susceptible de acogerse a este plan de auxilio y cumple con todos los requisitos para ello; sin embargo, no ha sido así y todavía no se sabe a ciencia cierta por qué.

A todas luces, el sector de la fabricación del calzado, como el de la producción de cueros y de componentes, es una industria susceptible de acogerse a este plan de auxilio y cumple con todos los requisitos para ello; sin embargo, no ha sido así y todavía no se sabe a ciencia cierta por qué.

Las reacciones de los representantes de los empresarios no se han hecho esperar mostrando su estupefacción ante lo que consideran una «enorme injusticia». La Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) considera «incomprensible que el gobierno desproteja una parte de la industria española». Los portavoces de la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC) van incluso más lejos y definen la decisión de «catástrofe», ya que «genera un agravio comparativo y un problema serio dentro del sector». «Supone una incoherencia y una pérdida de oportunidad irreparable», señalan desde AEC. En términos parecidos, la Confederación ModaEspaña opina que «los criterios establecidos no se corresponden con la situación actual que atraviesa el sector, ya que este agravio comparativo hace que los miembros de un mismo ámbito se sumen a una competencia que desestabiliza la moda española».

Sin razones objetivas que expliquen su exclusión, las empresas que componen las industrias del calzado, el curtido y los componentes ven con impotencia cómo se quedan fuera de unas ayudas que, si bien no iban a revertir significativamente la complicada situación en la que se encuentran sus finanzas, sí las paliarían en cierto grado. Y, tras leer el Real Decreto-ley 5/2021, queda esa sensación de agravio y menosprecio por aquellas firmas de zapatos y sus trabajadores que, voluntariamente, cuando hace un año todo paró, encendieron sus máquinas para fabricar mascarillas y demás equipos de protección. En aquel momento ellos fueron un ejemplo y avanzadilla de solidaridad; hoy se quedan fuera del plan de ayudas. ¡Qué pena!

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