Los 46 despedidos en Pablosky se preparan para la batalla judicial
- Trabajadores de Pablosky. Fuente: CC. OO. Toledo.
Los despedidos por el ERE ejecutado por Calzados Pablo han comenzado a organizarse para hacer frente a un conflicto judicial contra esta compañía de calzado infantil y juvenil. Los trabajadores afectados están siendo asesorados por los sindicatos para reclamar la nulidad o improcedencia de los despidos y por presunta vulneración de derechos sindicales de relevancia constitucional.
A finales del pasado año, Calzados Pablo, propietaria de la popular marca Pablosky, planteó un expediente de regulación de empleo a 46 trabajadores de su sede de Fuensalida (Toledo), el 15 % de la plantilla, alegando causas económicas. Sin embargo, los sindicatos advierten de que el motivo más plausible para ejecutar el ERE es «el traslado a Marruecos de parte de los trabajos de cosido y aparado que hasta el pasado verano se venían realizando en la fábrica de Fuensalida». Por ello, las centrales sindicales reclaman a los Martín-Caro, familia propietaria de la empresa de calzado, que eviten los despidos traumáticos facilitando e incentivando las salidas de las personas de mayor edad, muchas de las cuales «llevan hasta cincuenta años trabajando para la marca Pablosky», aseguran fuentes de CC. OO. –Industria.
Para los sindicatos, las causas económicas alegadas por la empresa son «más que discutibles» y la memoria del ERE adolece «de múltiples carencias y defectos y en ningún caso justifica la brutal destrucción de empleo pretendida por la empresa justo tras comenzar a deslocalizar producción a Marruecos». «Los Martín-Caro no han negociado con buena fe, reservándose información económica referente tanto a Calzados Pablo como a otras filiales del grupo Pablosky, y al propio grupo, seleccionando desde el inicio los colectivos de trabajadores a despedir y excluyendo a otros, limitando al mínimo legal las indemnizaciones a abonar, y presionando a los trabajadores y, especialmente, a sus representantes sindicales», señalan en CC. OO. Por último, los representantes de los trabajadores afirman que «los Martín-Caro no solo buscan abaratar costes laborales, sino también ejercer su actividad empresarial en un entorno más laxo en cuanto a la exigencia de condiciones laborales dignas y con más limitados derechos de las personas trabajadoras».
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