El calzado europeo exige frenar la competencia desleal del «importador presunto»

La patronal europea del calzado, la Confederación Europea del Calzado (CEC), junto a otras quince asociaciones comerciales de la Unión Europea, ha firmado una declaración conjunta en la que reclama la introducción urgente de la figura del «importador presunto» para el comercio electrónico.

El sector alerta de un aumento constante de pequeños envíos procedentes de plataformas digitales de terceros países, muchos de ellos vinculados a la llamada «moda ultrarrápida», cuyos productos no cumplen con las normas europeas en materia medioambiental, sanitaria, de seguridad o propiedad intelectual. Según denuncian, esta situación genera una competencia desleal frente a las empresas europeas que sí respetan los estándares comunitarios.

La propuesta del «importador presunto» busca precisamente corregir este desequilibrio. Este sistema obligaría a vendedores extranjeros y plataformas online a asumir responsabilidades legales dentro del mercado único, incluyendo el pago de aranceles, el IVA, las obligaciones de responsabilidad ampliada del productor (RAP) y otros requisitos regulatorios.

Sin embargo, la medida no está prevista hasta 2028 en el marco del nuevo Código Aduanero de la Unión, lo que ha encendido las alarmas del sector. La CEC y el resto de organizaciones consideran que ese calendario es insuficiente ante el rápido crecimiento del comercio electrónico.

En su declaración, las asociaciones advierten de que el volumen de paquetes de bajo valor ha crecido de forma exponencial en los últimos años. Desde la entrada en vigor de las nuevas normas de IVA en 2021, cada envío requiere una declaración aduanera individual, lo que ha puesto al límite la capacidad de control. Solo en 2022 se registraron cerca de 1.000 millones de declaraciones, y en 2025 la cifra de paquetes importados alcanzó los 5.800 millones.

Además, denuncian que una parte significativa de los productos que llegan al mercado europeo incumple la normativa vigente. Entre las infracciones más habituales figuran el fraude del IVA, el incumplimiento de estándares de seguridad y salud, la vulneración de derechos de propiedad intelectual y prácticas comerciales engañosas.

Según el sector, estas prácticas no solo perjudican a las empresas que cumplen las reglas, sino que también erosionan cadenas de valor industriales, debilitan la resiliencia económica europea y suponen riesgos para los consumidores. Asimismo, contribuyen al declive del comercio local y a la pérdida de actividad en los centros urbanos.

Ante este escenario, la coalición empresarial pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que actúen sin demora. En concreto, proponen imponer de forma inmediata la obligación a los operadores extranjeros de designar una entidad legalmente responsable dentro de la UE para las importaciones de comercio electrónico.

A su juicio, esta medida podría implementarse antes de 2028 mediante un reglamento europeo sencillo, sin necesidad de esperar a la plena entrada en vigor del nuevo marco aduanero, siempre que exista voluntad política.

Por otro lado, las organizaciones valoran positivamente la futura legislación europea sobre productos, orientada a reforzar el cumplimiento normativo y la vigilancia del mercado. No obstante, insisten en que deben establecerse mecanismos de control claros y vinculantes para garantizar que tanto las plataformas digitales como los representantes legales en la UE cumplan con las obligaciones de responsabilidad ampliada del productor, especialmente en ámbitos como envases, residuos electrónicos, baterías y textiles.

En definitiva, la industria considera que las reformas planteadas van en la dirección correcta, pero advierte de que sus efectos no serán inmediatos. Por ello, insiste en la necesidad de adoptar medidas urgentes que permitan cerrar las actuales lagunas del comercio electrónico y garantizar condiciones de competencia equitativas en el mercado europeo.