FICE rechaza el nuevo reglamento contra la morosidad de la UE

: Marián Cano.

La Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) alerta de que el nuevo reglamento que está tramitando la Unión Europea contra la morosidad dificultará todavía más la actividad de las empresas del calzado. Según la patronal zapatera, este reglamento empeorará la situación que las compañías ya están sufriendo desde 2022 por las consecuencia de la Ley crea y crece, del Gobierno de España, que obliga a las empresas que quieren acceder a subvenciones públicas a cumplir con los plazos de la Ley de morosidad, la cual propone treinta días para el plazo máximo de pagos (sesenta si hay acuerdo entre las partes).

FICE insiste en que, por su naturaleza exportadora, las empresas del calzado tienen más difícil que otros sectores para cumplir con el periodo de pago de treinta días, ya que las transacciones internacionales suelen tener periodos medios de cobro más elevados. Por ello, la patronal reclama un régimen especial para pymes exportadoras, para no lastrar su competitividad internacional.

«La Ley crea y crece afecta a nuestra competitividad en un mercado global en el que para otros países no hay rigideces a la hora de establecer plazos de pago. Este requisito de cumplir con los plazos de la Ley de morosidad para poder acceder a ayudas públicas que superen los 30 000 euros deja fuera de estas subvenciones a una gran mayoría de empresas del sector», asegura la secretaria de FICE, Marián Cano. «Aunque el nuevo reglamento de morosidad propuesto por la Comisión Europea busca garantizar pagos oportunos y justos, la realidad es que plantea desafíos significativos para las pequeñas y medianas empresas del sector del calzado. Lo que está haciendo es restarnos competitividad», señala Cano. En consecuencia, la secretaria de la federación del calzado denuncia que el nuevo reglamento europeo pone en serio peligro la viabilidad de las empresas zapateras.

Homogenizar las normativas
La patronal del calzado explican que es necesario que la normativa europea que se aprobará próximamente, además de ser «homogénea en todos los Estados miembros» para competir en igualdad de oportunidades, debe ser flexible para atender a las necesidades de cada sector. «La ley debe ajustarse a cada sector teniendo en cuenta si comercializa productos de alta o baja rotación, como es el caso del calzado», asegura Marián Cano.

La responsable de la federación del calzado destaca que tienen que «luchar contra la morosidad, es decir los impagos, y la solución no pasa por acortar tan drásticamente los plazos, ya que el pago medio en la actualidad está por encima de ochenta días. La solución no es acortar los pagos a treinta días, sino establecer mecanismos para garantizar los mismos en el plazo acordado».

La ley debe tener en cuenta las singularidades de la industria zapatera: preparación de colecciones, abastecimiento de materiales, fabricación, almacenamiento y envíos y plazo de cobro que superan los ocho o nueve meses

Cano señala cuáles son los argumentos por los que la nueva norma va a perjudicar al sector. En primer lugar, que el no cumplir con el plazo máximo de treinta días que marca el reglamento impide a las empresas acceder a ayudas públicas superiores a 30 000 euros. La ley debe tener en cuenta las singularidades de la industria zapatera: preparación de colecciones, abastecimiento de materiales, fabricación, almacenamiento y envíos y plazo de cobro que superan los ocho o nueve meses.

«Por otra parte, las empresas ya se están viendo afectadas por la caída del consumo y las exportaciones y quedar excluidas de importantes subvenciones gubernamentales afectaría a su capacidad para enfrentar los desafíos económicos», argumenta Cano.

Además, hay que tener en cuenta que las pymes del calzado, en muchos casos, se encuentran en situaciones financieras delicadas debido a la disminución de la demanda por la caída del consumo y el aumento de los costes laborales. El plazo de treinta días propuesto va a resultar difícil de cumplir para estas empresas, que podrían no contar con la liquidez necesaria para garantizar pagos rápidos sin poner en riesgo su viabilidad económica.

La secretaria de FICE indica que es positivo que la UE regule la morosidad y las normas sean homogéneas para todos los países miembros, pero puntualiza que «la reducción de plazos a treinta días, lejos de reducir la morosidad puede incrementarla generando un efecto contrario. El problema no está en acordar los plazos, sino en garantizar los mismos en el periodo establecido acabando así con los impagos».