La Unión Europea multará a las empresas que recurran a los trabajos forzosos

El Parlamento Europeo aprobó el pasado 24 de abril la nueva normativa que obliga a las empresas a mitigar su impacto negativo sobre los derechos humanos y el medioambiente. Entre otros temas, la directiva que salió adelante con 374 votos a favor, 235 en contra y 19 abstenciones exige a las empresas y a sus socios en toda la cadena de suministro —desde el suministro a la distribución—eviten la esclavitud, el trabajo infantil, la explotación laboral, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la destrucción del patrimonio natural.

Las normas se aplicarán a las empresas y matrices con más de mil empleados y un volumen de negocios mundial superior a 450 millones de euros. También quedarán cubiertas las empresas con acuerdos de franquicia o licencia en la UE que conlleven una identidad corporativa común con una facturación superior a 80 millones de euros si al menos 22,5 millones proceden de los cánones. Las empresas de fuera de la UE, matrices y las compañías con acuerdos de franquicia o licencia en la UE que alcancen esos umbrales de facturación en la UE también quedarán cubiertas.

Estas compañías tendrán que integrar la diligencia debida en sus políticas, realizar las inversiones pertinentes, pedir garantías contractuales a sus socios, mejorar su plan de negocio o prestar apoyo a las pymes con las que trabajan para asegurarse de que cumplen las nuevas obligaciones. También tendrán que adoptar un plan de transición para que su modelo de negocio se alinee con el límite de calentamiento global de 1,5 °C establecido en el Acuerdo de París.

Multas e indemnizaciones a las víctimas
Los Estados miembros deberán facilitar a las empresas información detallada en línea sobre sus obligaciones en materia de diligencia debida a través de portales prácticos que contengan las directrices de la Comisión Europea. También crearán o designarán una autoridad de control encargada de investigar e imponer sanciones a las empresas que incumplan la normativa. Estas incluirán la denuncia pública y multas de hasta el 5 % de su facturación mundial neta. La Comisión creará la Red Europea de Autoridades de Control para apoyar la cooperación y permitir el intercambio de buenas prácticas. Las empresas serán responsables de los daños causados por el incumplimiento de sus obligaciones de diligencia debida y tendrán que indemnizar íntegramente a las víctimas.